La nueva ley sobre divorcio y custodia compartida que ultima el Ministro de Justicia de Alberto Ruiz Gallardón trae como principal novedad el intento de romper con la tendencia en la que «el progenitor que logra la custodia de los niños, gana también el derecho al uso del hogar familiar».
Según ha quedado redactada, la futura ley deja claro que, en la asignación de la vivienda, prevalecen las necesidades -«el interés superior»- de los menores, pero también que se atenderán las del cónyuge que tenga más dificultades para acceder a una nueva vivienda tras el cese de la convivencia, eso sí, si las medidas adoptadas son «compatibles con el citado interés superior de cada menor».
Por su parte, Paco Rodríguez, portavoz de Padres y Madres en Acción afirma que «la nueva ley será un maquillaje de la actual con elementos tomados del código civil catalán y del código de custodia compartida de Valencia, que ha cogido toda la jurisprudencia existente y la ha convertido en ley».
Según Gabriela Domingo, abogada de familia y vicepresidenta de la AEAFA, «manteniendo el interés del menor como parte principal de la ecuación, el anteproyecto de ley pretende separar el ladrillo de los niños para romper con la tendencia en la que el hijo, la casa y la pensión iban a parar de forma conjunta al progenitor custodio». Además, «lo que pretende esta futura norma es intentar evitar que uno de los progenitores quede en una situación económica mala», añade.
El anteproyecto de ley también fija la temporalidad del uso de la vivienda hasta que los hijos logren la capacidad económica o la forma de obtenerla mientras que «antiguamente el progenitor que no vivía en el hogar familiar se veía inmerso en una batalla judicial para poder comprarla», comenta Domingo. Además, «pretende agilizar la venta mediante la elaboración de inventarios», añade.
Por otro lado, «la temporalidad incluida en la futura ley no supone ningún cambio porque se sigue dando la vivienda a los niños y no se podrá reclamar el régimen de bienes gananciales al menos hasta que estos cumplan 18 años y un día», sostiene Rodríguez.
El anteproyecto también hace referencia a los casos en los que el hogar familiar pertenece a una tercera persona normalmente un familiar de los cónyuges, algo «muy frecuente en la práctica», aclara el texto, estableciendo que la casa volverá a su dueño una vez que se haya producido la separación. «Un fenómeno -incide Rodríguez- que actualmente ocurre de manera bastante habitual en la Comunidad Valenciana».
Finalmente, el anteproyecto incluye el establecimiento de directrices del Gobierno a las Comunidades Autónomas una serie de directrices para que «se priorice el acceso» a la vivienda social en alquiler y VPO a las personas divorciadas.
Fuente: EL MUNDO